domingo, 15 de julio de 2012

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA Y DEL GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA NO CONTESTAN…¿O NO SABEN?


En los últimos 8 meses, Ecologistas en Acción de Albacete (EeA-AB) y la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas de La Manchuela (ACEM) ha obtenido la callada por respuesta a varias peticiones de información o recursos realizados ante las administraciones públicas.

De acuerdo con la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, cualquier asociación o particular tiene derecho a acceder a la información ambiental que obre en poder de las autoridades públicas, sin que para ello se esté obligado a declarar un interés determinado. Amparados en esta Ley, hemos formulado las consultas y recursos que se mencionan a continuación.

El urbanismo salvaje: la amenaza que no cesa
La primera de estas peticiones fue una carta registrada el pasado 30 de noviembre de 2011 en las sedes de la Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (ver aquí) y de la Comisión Provincial de Urbanismo de Albacete (ver aquí). En dicha carta trasladábamos a las administraciones central y autonómica nuestra preocupación por las implicaciones negativas para el dominio público hidráulico en el caso de llegar a aprobarse el Plan de Ordenación Municipal (POM) de San Pedro (Albacete).

Señalábamos en la misma que, sin perjuicio de la autonomía municipal en materia de ordenación del territorio, nos parecían absolutamente desmesuradas e irreales las previsiones que el POM hace respecto a la calificación de nuevo suelo urbanizable tanto para uso residencial como industrial. Pensábamos, y seguimos creyendo, que los tiempos del urbanismo desaforado y antisocial han pasado, lo que debería servirnos para no incurrir en los mismos errores de cara al futuro.

Pero lo que más nos preocupaba es la actuación que se pretende llevar a cabo sobre el río Quéjola. El POM prevé una serie de “medidas correctoras” encaminadas a aumentar su capacidad de drenaje en su tramo colindante al casco urbano, a pesar de tratarse de un cauce que no tiene en la actualidad ningún problema de esta naturaleza. El encauzamiento “salvaje” del cauce principal así como el drenaje transversal de la margen izquierda de la vega no tiene razón de ser. Sólo conllevarían obras de elevado coste monetario y gran impacto ambiental y paisajístico sobre una vega relativamente bien conservada en la actualidad. Lo más razonable, según nuestra opinión, sería respetar las zonas inundables de la vega de San Pedro y evitar las construcciones, tal y como a lo largo de siglos han hecho las gentes de esa localidad. Por eso no compartimos el sentido del informe emitido por la CHJ con fecha 17-11-2010, registro de salida 3810, que después de establecer una serie de impedimentos a la declaración de zona urbanizable en la vega del río, finalmente da su visto bueno condicionado al desarrollo de unas obras de gran envergadura que supondrían el deterioro irreversible de un cauce y una vega de gran valor ambiental y patrimonial.

La caza del conejo de monte causante de daños en cultivos: matar moscas a cañonazos

El día 23 del pasado mes de marzo se presentó un recurso de alzada ante la Consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (ver aquí), contra la Resolución de 7-3-2012 de los Servicios Periféricos de Agricultura de Albacete que prorrogaba la declaración de comarcas de emergencia cinegética temporal por daños del conejo de monte, autorizando su caza hasta el 1 de abril mediante hurón y redes, y hurón y escopeta. El motivo era que en este período muchas especies protegidas catalogadas como vulnerables o en peligro se encuentran en período de cortejo y reproducción, y por lo tanto se produce un daño sobre las mismas. Ante esta autorización indiscriminada para la caza del conejo, pensamos que en su lugar deberían haberse establecido, mediante los informes técnicos pertinentes, los lugares concretos donde existe exceso de población de conejos, pero no haber hecho una autorización general para todas las comarcas o términos municipales. Esta prórroga no ha tenido resultados positivos de control, tal y como lo han reconocido las propias organizaciones agrarias. La estrategia principal para el control de la sobrepoblación de conejos es muy simple, aunque requiere su tiempo, y pasa por recuperar el equilibrio natural, mediante una relación presas-depredadores compensada. Y justamente, por presiones e intereses de ciertos sectores de cazadores y una visión cortoplacista, se han realizado actuaciones que caminan en el sentido contrario.

El control de depredadores de especies cinegéticas: ni estudios ni informes que lo justifiquen

El pasado 28 de marzo de 2012, presentamos una solicitud de información (ver aquí) sobre las autorizaciones de control de depredadores de especies cinegéticas (zorros y urraca fundamentalmente). Iba dirigida al Coordinador de Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura en Albacete, y en la misma se cuestionaban prácticas autorizadas por la Administración sin llevar a cabo los estudios previos que las justificasen. Para finalizar se solicitaba información sobre si se han concedido en la provincia de Albacete autorizaciones de esta naturaleza a titulares de cotos cinegéticos, así como los informes y condicionantes que se han exigido. Cuestionamos el control de depredadores por muchos argumentos, pero el principal de estos últimos años es que se han seguido autorizando métodos de control incluso en zonas donde había sobrepoblación de conejos, contribuyendo aún más al desequilibrio en el medio natural y a favorecer la explosión actual de los conejos.

Han pasado casi 8 y 4 meses respectivamente, desde que se presentaron estas solicitudes de información y/o recursos, y las administraciones central y autonómica han dado la callada por respuesta. En definitiva, nuevos ejemplos de la nula voluntad de responder a justas demandas ciudadanas de información que tienen amparo en la legislación vigente. Por ello, cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿para qué queremos administraciones públicas que no garantizan los derechos básicos y que además actúan con prepotencia y desprecio hacia la ciudadanía y las organizaciones sociales?.




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