jueves, 15 de septiembre de 2016

La economía de la cooperación y lo común


 
El próximo fin de semana 17 y 18 de septiembre de 2016, tendrán lugar en Munera (Albacete) las Primeras Jornadas de Economía Social y Local del Campo de Montiel. Amablemente la organización me ha pedido que lleve a cabo la introducción a las mismas reflexionando sobre elementos relacionados con dicha temática.
El lema “No nos representan” salió a las plazas y calles de toda España con posterioridad al 15M de 2011. Dos alternativas se abrían ante dicha negación:
- Dentro del capitalismo (o del sistema de mercado), utilizar los procesos electorales de nuestras “democracias limitadas” para cambiar dichos representantes por otros más afines a los intereses de la mayoría, y a partir de ahí confiar en que dichos representantes impulsen un cambio institucional para recuperar el Estado del Bienestar.
- Fuera del capitalismo, comenzar a construir procesos de autogestión de las necesidades y los bienes comunes bajo los principios de la cooperación y la participación directa de la gente, al margen de la lógica exclusiva del mercado.
Aunque ambas vías se han transitado en los últimos años, la primera de ellas ha sido la preferida por la mayor parte de la ciudadanía, mientras que la segunda apenas si ha sido explorada por una minoría de la población. Y ello a pesar de que la historia de la humanidad y del resto de seres vivos sobre el planeta nos remite a formas de organización donde prima lo comunitario y la ayuda mutua.
La primacía de una organización social basada en el mercado “autorregulado”, la competencia y la propiedad privada apenas es un suspiro en la larga trayectoria de la vida humana sobre la Tierra. Se remonta a finales del siglo XVIII cuando se inicia en Inglaterra la Revolución Industrial y desde ahí se irradia al resto del mundo.
Tres son los tipos de propiedad que podemos encontrar en nuestras sociedades: la privada, la pública y la común. Es muy importante no confundir lo común (poseído y gestionado directamente por los miembros de una determinada comunidad) con lo público (propiedad de las diferentes administraciones del Estado y gestionado por el personal al servicio de éstas).
Es preciso resaltar que a la par de la evolución del capitalismo se ha producido un cambio en el peso relativo de las diferentes formas de propiedad y su gestión. Dicho cambio se ha concretado en un aumento de las formas privadas y públicas (principalmente las primeras) en detrimento de la propiedad común o comunes. Incluso dentro de la propiedad pública y de los servicios públicos, en los últimos años se ha avanzado hacia la prestación de los mismos no de forma directa por parte de las administraciones públicas competentes, sino a través de la concesión de la gestión de los mismos a empresas privadas que se rigen por principios de maximización de beneficios monetarios y no del beneficio social.
Las personas y las comunidades en las que nos integramos buscamos en todo momento reducir nuestra vulnerabilidad ante acontecimientos que puedan dificultar nuestra existencia. Así, lo común y lo social autogestionado, necesariamente ha de tener una escala local, de pequeña o mediana dimensión, al contrario que la deriva transnacional y globalizadora del capitalismo financiero, cuyo interés es eliminar las barreras que puedan limitar el crecimiento continuado del capital industrial y financiero (UE, CETA, TTIP).
Lo común va más allá de bienes materiales, e incluye también los valores, las tradiciones, el conocimiento y la identidad de una comunidad, al margen del estado y el mercado. Los comunes engloban de manera indisoluble tanto los propios bienes como la comunidad que directamente los gestiona.
Desde los inicios del capitalismo y la Revolución Industrial se ha desarrollado una estrategia para desmantelar los bienes comunes mediante su privatización y traspaso de su gestión al mercado. El cercamiento de las tierras comunes (enclosures en Inglaterra) fue el primer paso en la línea de impedir el uso de las mismas a la mayor parte de la población, que privada así del acceso a medios materiales para su sustento material, se convierte automáticamente en “ejército de reserva” a disposición de la naciente industria. Se privatiza y convierte en mercancía lo que antes pertenecía a toda la comunidad y se gestionaba al margen del mercado.
Los seres humanos somos cooperadores y empáticos por naturaleza. “Pertenecemos a un mundo vivo simbiótico, autoorganizado (…) el mundo de la vida es mucho más que egoísmo, competencia y violencia: podemos desarrollar mucha amistad y cooperación (…) En contra de lo que parece (…) en la historia de la humanidad lo que ha prevalecido es la vida en común, los bienes comunales y la autogestión de los mismos” (Puche, 2013, 13) (1). Hasta que el capitalismo ha inoculado el virus contagioso de la competitividad a toda costa en todos los órdenes de nuestra vida, las sociedades humanas han basado su supervivencia en la cooperación y la ayuda mutua. Y no sólo las sociedades humanas, sino la mayor parte del resto de seres vivos.
No debería ser necesario colocar el adjetivo “social” al sustantivo “economía”. Desde antiguo la economía siempre se entendió como la gestión y el aprovisionamiento de los bienes necesarios para el hogar, para la comunidad. En Grecia se distinguía entre la “oikonomía” (oikos = casa, nomos = ley) y la crematística, entendiendo por ésta última la disciplina orientada al acrecentamiento y acumulación de riquezas.
La economía convencional, capitalista y de mercado, competitiva, productivista y esquilmante, no tiene consideración alguna ni a los límites físicos y biológicos de la Madre Tierra, ni a la igualdad y el respeto entre las personas. Hoy en día, el éxito económico se mide con el crecimiento de magnitudes monetarias (PIB) y no con la construcción de sociedades más justas ni con la mejora de la satisfacción de las necesidades básicas de las personas mediante procesos que queden bajo el control de las mismas.
Los bienes comunes no han muerto. Son futuro frente a un mercado inhumano, basado en la primacía de la propiedad privada (incluso a veces en la propiedad pública), que todo lo compra y lo vende para mayor gloria de las cuentas de resultados de las grandes corporaciones. Los bienes comunes sirven a la comunidad, pero muy importante, los tienen que crear y cuidar las personas.



(1) Puche, Paco (2013): “¿Por qué cooperamos y por qué no cooperamos?”, en Rebelión, febrero http://www.rebelion.org/docs/163325.pdf
 
 
 

miércoles, 15 de junio de 2016

ECHANDO EN FALTA OTRA ECONOMÍA EN EL DEBATE ECONÓMICO ELECTORAL

Hace unos días tuvo lugar un debate electoral sobre economía entre PP (Luis de Guindos), PSOE (Jordi Sevilla), Ciudadanos (Luis Garicano) y Unid@s Podemos (Alberto Garzón). Cuatro participantes y dos discursos económicos. Alberto Garzón fue el fresco, necesario y urgente contrapunto al “más de lo mismo” de los otros tres participantes.
 
“Hay alternativas” era el título del libro que en octubre de 2011 publicó Alberto Garzón junto a Vicenç Navarro y Juan Torres. Ese libro fue utilizado como “escudo” en febrero de 2012 por los/as estudiantes del Instituto Lluis Vives en Valencia cuando los antidisturbios cargaron contra ellos/as por manifestarse contra los recortes en educación. La razón contra la barbarie y la sumisión.
Hace relativamente poco tiempo que Alberto Garzón pasó por las aulas de la Facultad de Economía. Seguro que nada de lo que propuso en el debate le sirvió para responder a exámenes y aprobar asignaturas. Hoy, en las Facultades de Economía y Administración y Dirección de Empresas, así como en el resto de escuelas y facultades donde la Economía y la Empresa entran en sus planes de estudio, se imparte fundamentalmente una visión de la economía y la empresa al servicio del desorden neoliberal:
- Las bondades de la concentración del capital en manos de grandísimas corporaciones transnacionales, frente a “lo pequeño es hermoso” que nos sugería Schumacher en la década de 1970.
- La superioridad de la gestión privada de los servicios básicos, frente a la “gestión pública o comunitaria” de los mismos.
- La maximización del beneficio monetario individual y empresarial como guía suprema que orienta la actividad de los agentes económicos, frente a principios como la “reducción de las desigualdades sociales y la conservación de la Naturaleza”.
Alberto Garzón y Unid@s Podemos no tienen ningún interés monetario privado asociado a las ideas económicas que defienden. Ello me inspira confianza. El resto de partidos, sus representantes y testaferros, están inmersos en una vorágine de intereses mezquinos entre lo público que aspiran a gobernar y los negocios privados de donde vienen y a donde van. A la luz de la experiencia reciente de casi 40 años de turnismo en el gobierno de España, ello me inspira desconfianza.
No hay color entre el programa económico de Unid@s Podemos y el resto de partidos que participaron en el debate. No obstante, eché en falta mucha más contundencia y concreción en lo que respecta a dos asuntos clave sobre los cuales el mensaje de Unid@s Podemos se me antoja demasiado tibio:
- ¿cómo superar el corsé de financiación pública limitada e insuficiente que la Unión Europea tiene establecido sobre todos los países periféricos de la zona euro, entre ellos España?,
- ¿cómo superar el objetivo acrítico del crecimiento económico que postulan todos los partidos y que conduce irremediablemente al colapso social y ecológico del planeta?.
Quizás hablar y pensar abiertamente sobre ambos asuntos y asumir que la forma de relacionarnos entre las personas y con la Naturaleza requiere un profundo cambio de principios, no proporcione votos al partido o coalición que los plantee. Pero sólo hablando y pensando contracorriente, desde la escuela hasta las plazas, es como podemos aspirar a un cambio que transcienda de formas más amables con los derechos sociales clásicos (empleo, pensiones, vivienda, educación, salud), que están bien, desde luego, para entrar a construir nuevas formas de organización comunitaria superadoras del crecimiento capitalista y de su estela de exclusión, precariedad y atentado permanente contra todas las formas de vida.

jueves, 26 de mayo de 2016

Unid@s Podemos en el punto de mira de la Troika. Dos planes B

A estas alturas del partido todos/as tenemos una cosa muy clara. La Troika, constituida por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión Europea y el Banco Central Europeo (BCE), manojo de fundamentalismo neoliberal, es quien ordena y manda en la Unión Europea. Ha domesticado gobiernos (Irlanda, Portugal, España), los ha quitado y puesto sin pasar por las urnas (Grecia, Italia), o los ha obligado a comerse sus propias promesas electorales (la Grecia de Syriza).
 
He echado un vistazo al documento “Cambiar España: 50 pasos para gobernar juntos” que ha servido de base para el acuerdo de coalición electoral entre Podemos, IU-UP, Equo y otras fuerzas políticas. El mismo contempla las “principales líneas de actuación del gobierno de progreso y cambio” que aspiran a conducir estos partidos políticos tras el 26-J. Con todas las limitaciones de fondo y forma que se pueden señalar al mismo es, de lejos, la mejor de las opciones electorales para construir una sociedad más justa.
En un aspecto he centrado especialmente mi atención. Un hipotético gobierno liderado por Unid@s Podemos, ¿cómo rompería el cerco con que la Troika tiene limitada la soberanía de los países periféricos de la zona euro, entre ellos España, para hacer políticas públicas a favor de la mayoría social?. ¿Cómo se podría superar el Pacto de Estabilidad de la UE que deja un exiguo margen de maniobra a los gobiernos de los países miembros más castigados por la crisis?.
El documento “Cambiar España” señala explícitamente algunos puntos en esta dirección:
1) La lucha contra el fraude fiscal.
2) Una reforma tributaria progresiva.
3) Nueva senda de reducción del déficit público coherente con las prioridades de nuestra economía, poniendo más el énfasis en el aumento de los ingresos públicos que en la reducción de los gastos. El objetivo del déficit público del 3% en España se cumpliría no en 2017 (como pretende la UE), sino en 2020, al final de la próxima legislatura.
4) La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE.
5) La celebración de una Conferencia Europea de la Deuda.
Avanzando en los puntos 1 y 2 (lucha contra el fraude y reforma tributaria progresiva), con las limitaciones muy importantes derivadas de la existencia de paraísos fiscales y una competencia fiscal atroz (para reducir impuestos) entre los propios países de la UE, es cierto que se podría mejorar la recaudación impositiva, si bien de maneara modesta. Y en todo caso, confiando que haya cierta recuperación económica, pues si retornamos de nuevo a tasas de crecimiento bajas o negativas, los ingresos impositivos se estancarían o reducirían y por este lado apenas habría margen.
Los puntos 3, 4 y 5 pasan por entablar una negociación con la Troika, más Alemania en el papel de supervisor de la ortodoxia, para hacerles caer en la cuenta que la austeridad ha sido un rotundo fracaso y que lo que conviene a Europa para superar la crisis es una expansión del gasto público con criterios sociales y ambientales, un Banco Central Europeo presto a financiar directamente los déficits públicos de los estados miembros, y una condonación de la deuda de aquellos países más endeudados. Todos estos aspectos estuvieron sobre la mesa de negociación entre Grecia y la Troika durante el primer semestre de 2015, y todos/as sabemos cómo acabó la historia.
Syriza nunca planteó en la negociación la posible salida del euro si la Troika no suavizaba las condiciones del tercer rescate. Grecia claudicó tan pronto se cortaron las líneas de financiación a su Gobierno y el Banco Central Europeo cerró el grifo del crédito a los maltrechos bancos griegos dando lugar a un corralito (imposibilidad para la ciudadanía de disponer libremente de sus depósitos en los bancos).
Al hilo de un Plan B para Europa del que tanto se habla en los últimos tiempos, creo que es importante establecer dos vías sucesivas de acción, que transmitan a la Troika el mensaje de que ahora se va en serio, hasta las últimas consecuencias:
Plan B1. Modificar el actual marco institucional del euro y del Pacto de Estabilidad. Un Banco Central Europeo al servicio (dependiente) de las políticas económicas, sociales y ambientales definidas en las instituciones representativas de la soberanía popular (Ayuntamientos, Parlamentos Autonómicos, Parlamentos Nacionales). Una Comisión Europea (Gobierno Federal de la UE) con capacidad presupuestaria suficiente (mucho mayor de la que tiene ahora), de manera que con sus políticas impositivas y de gasto pueda revertir las desigualdades sociales y territoriales que asolan la UE.
Plan B2. Si la UE no asume el Plan B1, los países cuya ciudadanía está cargando injustamente con los costes de la crisis deberían romper con el euro y con el Pacto de Estabilidad, no con la propia UE. Ello permitiría recuperar la soberanía monetaria y presupuestaria que han tenido los estados con anterioridad al Tratado de Maastricht de 1993, que les posibilitaba gestionar las fases de inestabilidad económica con relativa solvencia, sin injustas fracturas sociales.
Estas opciones sucesivas podrían plantearse a través de una estrategia conjunta entre todos los países rescatados de la zona euro (Irlanda, Grecia, Portugal y España) a la que podrían añadirse otros como Francia que también están experimentando fuerte contestación social frente a las políticas de recortes de derechos sociales.
Si a la Troika y al resto de países miembros que defienden el fundamentalismo de la estabilidad presupuestaria y la quiebra social (Alemania, Holanda, Austria, Luxemburgo, Finlandia) no se les traslada la opción real de la salida del euro, y se les muestra un plan claro para llevarla adelante, se tratará de una negociación desde la inferioridad y la debilidad.
La Troika le tenía muchas ganas a Syriza. Esperó a que llegara al gobierno y le hizo pasar por el aro. La Troika le tiene muchas más ganas aún a Unid@s Podemos. El programa de Unid@s Podemos debería recoger a las claras la ruptura con el euro, no por capricho, claro, sino en el caso de que la intransigencia de la Troika se mantenga. En caso contrario, en una negociación al respecto sin presentar una alternativa rompedora con el actual orden de cosas, seremos un pelele en sus manos.
Uno es consciente de que plantear a la sociedad española la posible ruptura con el euro y todo lo que lo rodea no es tarea fácil, que requiere transparencia y pedagogía social. En cambio, creo que es preferible a la alternativa: seguir a la deriva en una situación social de emergencia, desigualdad y precariedad, con escasas posibilidades de acceder al timón, o llevándonos la sorpresa de que una vez tomado éste se encuentra bloqueado, sin apenas margen de maniobra.

jueves, 5 de mayo de 2016

¿POR QUÉ EL FMI NO LE PEGÓ FUEGO A LOS PARAÍSOS FISCALES?

El Fondo Monetario Internacional (FMI), con sede en Washington, es junto al Banco Mundial (BM) uno de los dos organismos económicos internacionales creados a partir de los acuerdos de Bretton-Woods del año 1944.
Hoy los movimientos especulativos de capital a lo largo y ancho del planeta suponen un montante desbocado respecto de las transacciones financieras que se producen como contrapartida de los intercambios de bienes y servicios de la economía real. En este aquelarre de finanzas especulativas, el FMI y la Unión Europea defienden a ultranza el libre movimiento de capitales, condición necesaria para la existencia de paraísos fiscales.
El FMI impone planes criminales de ajuste estructural en los países “rescatados” de la zona euro, igual que lo viene haciendo desde el último tercio del siglo pasado con países de Asia, África y Latinoamérica. Hoy, la periferia de la vieja Europa, es una zona subdesarrollada más al servicio del gran capital.
¿Por qué el FMI no le pegó fuego a los paraísos fiscales? Las revelaciones de los Papeles de Panamá nos dan algunas pistas al respecto.
Rodrigo Rato, Director Gerente del FMI entre mayo de 2004 y junio de 2007, se acogió a la amnistía fiscal del PP del año 2012. En 2015 se inició un procedimiento judicial contra él por supuestos delitos de fraude, blanqueo y alzamiento de bienes. Con la filtración de los Papeles de Panamá ha trascendido que utilizó sociedades en paraísos fiscales para repatriar 3,6 millones de euros aprovechando dicha amnistía fiscal.
Dominique Strauss-Kahn, Director Gerente del FMI entre noviembre de 2007 y mayo de 2011. En 2009 afirmó textualmente “Hay que pegar fuego a los paraísos fiscales”. Con la filtración de los Papeles de Panamá se ha conocido que el fondo de inversión que dirigió en Luxemburgo hasta 2014, ayudó a crear al menos 31 sociedades en paraísos fiscales. Claro, luego no les pegó fuego, y es que normalmente la gente no va por ahí incendiando su propia casa.
Christine Lagarde, Directora Gerente del FMI desde junio de 2011 hasta la actualidad. A través de la participación del FMI en la Troika, ha exigido aplicar sin contemplaciones las políticas de austeridad que se han cebado con los/as más débiles durante la crisis de la deuda soberana de los países periféricos de la zona euro. Su nombre todavía no ha salido en los Papeles de Panamá.
Una y otra vez les repito a mis alumnos/as en la Facultad que si les ofrecen alguna vez el cargo de Director/a Gerente del FMI, que mediten antes de aceptarlo. Es un puesto de alto riesgo para personas sin escrúpulos.

jueves, 25 de febrero de 2016

IMPUESTOS MÁS JUSTOS EN CASTILLA-LA MANCHA: MEJORES POLÍTICAS SOCIALES

 
Esta semana he publicado una entrada en mi blog con el título “Presupuestos de Castilla-La Mancha para 2016. Querer, pero no poder”.
En la misma hacía referencia a la insuficiencia de recursos en el Proyecto de Presupuestos de CLM para 2016 para poder recuperar unos servicios públicos básicos con los niveles de calidad previos a la crisis y a los recortes sociales. Finalizaba la misma señalando que sería posible modificar los impuestos sobre los que tiene competencia la Junta de Castilla-La Mancha para lograr mayores ingresos públicos y así mejorar la dotación presupuestaria de aquéllas políticas sociales que se encuentren infradotadas.
Para determinar la filiación ideológica de un gobierno, además de fijarnos en las políticas de gasto, hemos de prestar atención a la manera en que recauda impuestos, directos o indirectos, con mayor o menor progresividad, las exenciones y bonificaciones que establece, etc. Por eso, en los párrafos que siguen voy a señalar, sin ánimo exhaustivo, algunos elementos de la política impositiva del actual gobierno de CLM que desde mi punto de vista serían susceptibles de reforma en aras de una mayor justicia fiscal.
Lo primero de todo es señalar, que según el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias que se está tramitando a la par que el de Presupuestos, se van a suprimir una serie de tasas establecidas en su día por el Gobierno del PP de CLM en materia de Bienestar Social. Dichas tasas recaían sobre asociaciones y personas de baja capacidad económica cuando las mismas solicitaban la prestación de determinados servicios sociales básicos tales como la revisión del grado de discapacidad y dependencia, inscripción de entidades de servicios sociales, acreditación y registro de entidades de voluntariado, informe de vivienda adecuada y arraigo para la obtención de residencia por reagrupamiento familiar de inmigrantes, etc. Eran tasas profundamente injustas, y procede ahora reconocer lo acertado de su supresión por el actual Gobierno de CLM.
Pero por otro lado, el Gobierno de CLM ha tenido la oportunidad de aprobar en las Cortes, y no lo ha hecho, la modificación de los dos principales impuestos directos sobre los que tiene competencias, con el fin de hacerlos más progresivos, de manera que las familias con mayores rentas y patrimonios aumenten su contribución a las arcas públicas. Me refiero al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y al Impuesto del Patrimonio (IP).
En septiembre de 2014, el Gobierno del PP en CLM rebajó un punto el tipo de gravamen a todos los contribuyentes del tramo autonómico del IRPF. Dicha medida afectó a todos/as los ciudadanos/as por igual, sin distinguir su capacidad económica, a la vez que no benefició a las familias que no presentan declaración del IRPF por tener unas rentas del trabajo inferiores al mínimo exento de 22.000 euros/año (pensionistas, desempleados/as, trabajadores/as precarios/as). Por ello, fue regresiva, es decir, contribuyó a aumentar desigualdades, a la vez que en un momento donde existían tantas necesidades básicas sin cubrir, los 50 millones de euros de pérdida de recaudación que supuso, imposibilitó apuntalar políticas públicas de solidaridad (educación, sanidad, servicios sociales) que en los años previos habían quedado maltrechas y desarboladas.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de CLM para 2016, así como el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2016, mantienen sin rectificar (renunciando así a mayor recaudación), la reforma del IRPF que en 2014 aprobó el Gobierno del PP en CLM, así como la escala de tributación del Impuesto de Patrimonio fijada con carácter supletorio por el Estado. Esta escala ha sido aumentada en los últimos años por determinadas comunidades autónomas como Andalucía (20%), Extremadura (50%), Cataluña (10%) y Asturias (20%). Si CLM procediera de igual manera, aumentando la escala de tributación en un 20%, la recaudación por el Impuesto de Patrimonio subiría en 3,6 millones de euros al año. Quizás pueda parecer una cantidad modesta, pero tiene un importante trasfondo simbólico en la medida que su recaudación procede exclusivamente de una mínima parte de los contribuyentes que poseen muy elevados patrimonios.
Un apartado del Proyecto de Ley de Presupuestos hace referencia a los beneficios fiscales como la magnitud de los recursos dejados de recaudar debido a la existencia de determinados incentivos fiscales legalmente establecidos (exenciones, reducciones, bonificaciones, moratorias, regularizaciones). En el caso de CLM, los beneficios fiscales para 2016 ascienden a 398 millones de euros, es decir, alrededor de un 5% del presupuesto total. Veamos el desglose de los mismos.
Los beneficios fiscales en el IRPF ascienden a 10 millones de euros, como consecuencia de las deducciones autonómicas de la cuota íntegra por conceptos tales como nacimiento o adopción de hijos/as, discapacidad del contribuyente, ascendientes o descendientes, contribuyentes mayores de 75 años, cantidades donadas a la cooperación internacional, la lucha contra la pobreza y apoyo a la discapacidad, familia numerosa, gastos en libros de texto y enseñanzas de idiomas, etc. Sin perjuicio de que algunas de estas deducciones podrían ser cuestionadas por sus implicaciones sobre la equidad social, no voy a profundizar ahora en ellas.
Donde sí merece la pena prestar atención es a la importantísima pérdida de recaudación que se produce (311 millones de euros) por los beneficios fiscales ligados al Impuesto de Sucesiones (214 millones) y Donaciones (87 millones). En este impuesto, igual que en el resto de los impuestos cedidos a las Comunidades Autónomas (50% del IRPF, 100% del IP) se abre una competencia fiscal entre regiones para ver cuál de ellas establece los impuestos más bajos con el fin de atraer la residencia de personas y empresas que buscan contribuir lo menos posible a las arcas públicas. La Comunidad de Madrid, que en los años 2006 y 2007 bonificó entre el 99 y el 100% el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, dio el pistoletazo de salida de esta carrera para reducir la recaudación impositiva y consecuentemente, hipotecar las políticas sociales. Desde entonces, el resto de Comunidades Autónomas, ha seguido sus pasos.
El Proyecto de Ley de Presupuestos de CLM para 2016 establece en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en adquisiciones mortis causa (Sucesiones), unos beneficios fiscales (reducción de la recaudación) de 214 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto que van del 100% cuando la base liquidable es inferior a 175.000 euros al 80% cuando la base liquidable es superior a 300.000 euros. Para las adquisiciones inter vivos (Donaciones), los beneficios fiscales ascienden a 87 millones de euros, con motivo de bonificaciones en la cuota tributaria del impuesto que van del 95% si la base liquidable es inferior a 120.000 euros al 85% cuando la base liquidable supera los 240.000 euros.
En un reciente debate en las Cortes CLM, el actual Consejero de Hacienda afirmó: “Antes, todas las herencias pagaban impuesto, con las mismas exenciones para grandes y pequeñas. A partir de ahora, sólo pagarán el 2% de las herencias, las más grandes”. Desde mi punto de vista, este planteamiento intenta justificar una pérdida de recaudación injustificable en los actuales momentos de insuficiencia de ingresos para las políticas sociales en CLM. En este sentido, lo justo sería que todas las herencias paguen el impuesto que les corresponda, progresivo en función del valor de la misma, estableciendo incluso supuestos de bonificación especiales en los casos en que las personas que las reciben se encuentren en una situación económica y social de precariedad o sean discapacitadas, PERO NUNCA QUE SE HAGA UNA BONIFICACIÓN CASI GENERALIZADA, que exime del pago de impuestos a contribuyentes que han obtenido un aumento de patrimonio a título lucrativo, es decir, sin contrapartida, rompiendo así con principios tributarios básicos como son los de capacidad económica y progresividad.
Por su mayor complejidad, así como por su menor importancia en cuanto al total de los beneficios fiscales en 2016, no abordaré aquí los que tienen que ver con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (76 millones) y el Impuesto de Hidrocarburos (11 millones).
En todo caso, con las posibles modificaciones señaladas más arriba, en 2016 los ingresos tributarios en Castilla-La Mancha podrían haber aumentado en unos 365 millones de euros, el equivalente al 4,3% del total de ingresos.
Dichos 365 millones de euros de ingresos adicionales vendrían por un lado de mayores tipos de gravamen en IRPF (50 millones) e Impuesto de Patrimonio (3,6 millones) y de la eliminación de beneficios fiscales en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (311 millones). Seguro que algunas partidas de gasto social infradotadas lo agradecerían.

martes, 23 de febrero de 2016

PRESUPUESTOS DE CASTILLA-LA MANCHA PARA 2016. QUERER, PERO NO PODER

 
Hace poco que ha visto la luz el Proyecto de Presupuestos de Castilla-La Mancha (CLM) para 2016. Contiene la previsión de ingresos y gastos del gobierno de la región, sabiendo que las políticas que queremos aplicar en nuestro país, comunidad autónoma o municipio, o están reflejadas en los presupuestos, o no podrán desarrollarse. Y además, o están dotadas suficientemente en el plano económico, o no podrán llevarse a cabo con el grado de eficacia y calidad deseable.
 
Pienso que los presupuestos de CLM para 2016 van a verse afectados de insuficiencia de recursos para poder alcanzar unos servicios públicos de calidad, tomando como referencia los existentes en 2011, año en el que todavía no se habían puesto en marcha las políticas de recortes sociales.
 
Hace unos días, analizando los presupuestos de la serie 2007-2015, aventuraba que alrededor de un 20% del presupuesto total de gastos en 2016 se destinaría a amortizar deuda y pagar sus intereses. Finalmente ha sido el 18%, gracias a que en los últimos tiempos ha caído a mínimos históricos el tipo de interés y ha permitido refinanciar la deuda pública en condiciones muy ventajosas. Ello ha permitido reducir el pago por concepto de intereses de la deuda desde los 427 a los 219 millones de euros en 2016, consiguiendo un ahorro de 208 millones de euros que se ha podido dedicar a políticas sociales. Si este hecho no hubiera ocurrido (la caída de los tipos de interés), la insuficiencia de recursos para financiar políticas sociales aún se hubiera visto más agravada.
La aceptación del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y de un Banco Central Europeo que no financia directamente a los Estados, está detrás del hecho de que en 2016 Castilla-La Mancha vaya a destinar 1.522 millones de euros al pago de la deuda (1.303 a amortización y 219 a intereses). Es decir, una cantidad equivalente al gasto en Educación y Cultura. He aquí cuál es el coste para la ciudadanía de Castilla-La Mancha del Tratado de Maastricht y la reforma del artículo 135 de la Constitución Española: recortes y precariedad social, absolutamente legales, absolutamente vergonzosos.
Es verdad que de 2015 a 2016, el presupuesto total de gastos pasará de 8.206 a 8.420 millones de euros, lo que supone un aumento del 2,6%. Incluso que el aumento en las consejerías de contenido social será aún mayor (6,0% en Bienestar Social, 8,7% en Sanidad y 4,7% en Educación y Cultura). Esto hay que reconocerlo y desde un punto de vista optimista, celebrarlo como un cambio de tendencia respecto de los presupuestos del Partido Popular en el período 2011-2015.
Pero si comparamos con el año 2011, en 2016 el presupuesto de éstas áreas es sustancialmente inferior: Bienestar Social un - 48,07%, Sanidad un - 29,54% y Educación y Cultura un - 27,58%. Si nos vamos a determinadas partidas de gran transcendencia social para luchar contra la pobreza y la desigualdad, la menor consignación presupuestaria en 2016 respecto a 2011 es aún más alarmante:
- Pensiones y prestaciones sociales para atender a los sectores de población más vulnerables: reducción del 88%, desde los 225 a las 27 millones de euros.
- Programas sociales básicos tales como los planes concertados y supramunicipales: reducción del 43% desde los 110 a los 65 millones de euros.
- Prevención y apoyo a las familias: reducción del 50% desde los 14 a los 7 millones de euros.
-Atención a personas con discapacidad: reducción del 13% desde los 117 a los 101 millones de euros.
-Atención a personas mayores: reducción del 28% desde los 369 a los 267 millones de euros.
- Cooperación al desarrollo: reducción del 70% desde los 9 a los 3 millones de euros.
- Promoción de la mujer, asistencia con motivo de la violencia de género: reducción del 22% desde los 21 a los 17 millones de euros.
- Atención integrada de la salud (atención primaria y especializada, prestaciones farmacéuticas): reducción del 30% desde los 3.498 a los 2.453 millones de euros.
- Educación infantil y primaria: reducción del 32% desde los 794 a los 536 millones de euros.
- Educación secundaria y Formación Profesional: reducción del 21% desde los 767 a los 607 millones de euros.
- Enseñanza Universitaria: reducción del 15% desde los 167 a los 142 millones de euros.
Es cierto que a veces hay margen para un uso más eficiente de los recursos, es decir, que podemos utilizarlos con el máximo cuidado y control con el fin de lograr estirar al máximo sus resultados. Pero creo que la brecha presupuestaria entre 2011 y 2016 es todavía tan amplia que como mucho tendremos que conformarnos con ciertas mejoras en estos servicios, que aún quedarán muy lejos de la situación previa a la crisis. Si no hay contratiempos en la recuperación económica (y esto no está descartado), alcanzar dichos niveles previos a la crisis puede suponer esperar una década.
Hay que pensar que los servicios públicos asociados a bienestar social, sanidad y educación son intensivos en factor trabajo, y que en el período 2011-2015 la plantilla de personal de la Junta de Castilla-La Mancha se ha visto reducida en unas 10.000 plazas aproximadamente. La mejora de calidad en estos servicios va a ir de la mano de que se lleven a cabo las correspondientes ofertas de empleo público durante los próximos años, estando previsto que en 2016 la oferta de empleo público sea de 1.710 plazas.
Todos los argumentos señalados más arriba serían un simple ejercicio de comparativa interanual, incluso de crítica fácil, si no fueran acompañados de alternativas para hacer frente a esta situación. Por ello, en estas circunstancias de insuficiencia de ingresos para financiar las políticas sociales en CLM, debemos preguntarnos si hay alguna posibilidad de conseguir mayores ingresos públicos de carácter tributario. Yo entiendo que sí. Lo expondré en la próxima entrada de mi blog, que llevará el siguiente título: “Impuestos más justos en Castilla-La Mancha: mejores políticas sociales”.
 

miércoles, 3 de febrero de 2016

TTIP: COMERCIO INTERNACIONAL Y DEMOCRACIA

 
El próximo martes 9 de febrero, a las 19 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia de Albacete, el profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Carlos Taibo Arias, impartirá una conferencia.
 
Organizada por la Universidad de Castilla-La Mancha, con la colaboración de Ecologistas en Acción, ATTAC y la Plataforma contra el TTIP de Albacete, en dicho acto se presentará el libro que el profesor Taibo ha publicado recientemente y que lleva por título “Para entender el TTIP. Una visión crítica del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EE.UU y la UE”.
 
La corriente económica dominante hoy en día, basándose en determinadas interpretaciones de los planteamientos de economistas pioneros como Adam Smith, asocia directamente la liberalización y desregulación del comercio internacional como la mejor vía para alcanzar una mejora del bienestar social global.
 
Nada más lejos de la realidad. La lectura sosegada y contextualizada de Smith, profesor de Filosofía Moral en la Universidad de Glasgow a mediados del siglo XVIII, nos lleva a otras conclusiones al respecto.
 
En las Lecciones de Jurisprudencia, que Adam Smith dictó en la Universidad de Glasgow durante el curso 1763-64, el autor escocés apuntaba:
 
“Las leyes y el gobierno pueden ser considerados…, en todos los casos, como una coalición de los ricos para oprimir a los pobres y mantener en su provecho la desigualdad de bienes que, de otra forma, no tardaría en ser destruida por los ataques de los pobres”.
 
En lo que respecta a la regulación del comercio internacional, el propio Smith era absolutamente contundente:
 
       “…aquellos que tienen el mayor interés en defraudar y en imponerse al público son los que con frecuencia dictan la regulación del comercio” (1785).
     La reglamentación del comercio “siempre es un engaño, mediante el que los intereses del estado y de la nación se sacrifican en beneficio de una clase particular de comerciantes” (1783).
Incluso en su obra más conocida, La riqueza de las naciones (1776), Smith escribía párrafos como los siguientes:
 
“Cualquier propuesta de una nueva ley o regulación  comercial que venga de esta categoría de personas (los empresarios) debe siempre ser considerada con la máxima precaución, y nunca debe ser adoptada sino después de una investigación prolongada y cuidadosa, desarrollada no sólo con la atención más escrupulosa, sino también con el máximo recelo.
Porque provendrá de una clase de hombres cuyos intereses nunca coinciden exactamente con los de la sociedad, que tienen generalmente un interés en engañar e incluso oprimir a la comunidad, y que de hecho la han engañado y oprimido en numerosas oportunidades”.
El economista estadounidense, John Kenneth Galbraith, en su libro Memorias de un liberal impenitente (1973), actualiza las precauciones señaladas por Smith poniéndolas en relación con las grandes corporaciones que hace ya más de 40 años comenzaban a gobernar el mundo:
 
 “…la corporación moderna controla los precios y los costes, organiza a los proveedores, persuade a los consumidores, guía al Pentágono, configura la opinión pública, soborna a los políticos y es, de otras maneras, una influencia dominante en el Estado”
“Lo que necesita (la gran corporación) en materia de investigación y desarrollo, obras públicas, apoyo financiero de emergencia, socialismo cuando las ganancias dejan de ser probables, se transforma en política pública. Sus intereses tienden a convertirse en interés público”.
Esas mismas corporaciones son las que están redactando ahora el TTIP, las que pretenden hacernos pasar como intereses generales lo que no son más que intereses particulares. Y lo peor de todo es que los gobiernos de los países afectados a un lado y otro del Atlántico están del lado del gran capital.
La Troika ya ha marcado el camino a los países rescatados de la Eurozona. Todos los países miembros de la Unión Europea han aceptado con más o menos entusiasmo o resignación el establecimiento de restricciones tajantes en materia de objetivos e instrumentos macroeconómicos internos (déficit y deuda pública,  inflación, condiciones laborales, políticas sociales, soberanía monetaria).
Ahora es el turno de la política comercial exterior. Y si no fuera suficiente con las normas marcadas por la Organización Mundial de Comercio, el TTIP pretende seguir dando vueltas de tuerca para mayor gloria de las cuentas de resultados de las grandes corporaciones.
¿Podrá ser el TTIP objeto de rectificación en las negociaciones que el PSOE está comenzando para intentar formar gobierno en España? Hasta la fecha PP, PSOE, C’s y la Comisión Europea están a favor del TTIP. PODEMOS y UP en contra. La experiencia reciente en la Unión Europea, que obliga a asumir como una restricción de obligado cumplimiento las directrices marcadas por la Comisión, nos muestra un escenario donde no hay lugar para la democracia, tan solo para siervos/as.
NOTA: Las citas literales de Smith y Galbraith han sido extraídas de algunos trabajos del profesor Federico Aguilera Klink.